Dinamarca se enfrenta a una de las sanciones judiciales más severas de la historia inglesa tras perder un importante caso de fraude fiscal en el Reino Unido. La autoridad tributaria del país es responsable de aproximadamente 400 millones de libras esterlinas.
Los informes señalan que la agencia tributaria del país es responsable de la mayor parte de los cargos legales derivados de su fallida demanda “cum-ex”.
Los 400 millones de libras esterlinas fijados como cargos legales incluyen decenas de millones de libras para cubrir los gastos asociados con el operador de fondos de cobertura británico Sanjay Shah, quien fue sentenciado a 12 años de prisión después de que un tribunal danés lo declarara culpable de fraude fiscal en 2024, y las entidades corporativas conectadas con él que se conocen como los “acusados Shah” en el caso.
La autoridad tributaria danesa hizo pública su intención de apelar esta decisión judicial. Según la propia autoridad, recuperará los gastos legales si la apelación prospera. Sin embargo, algunas fuentes indican que el Tribunal de Apelación aún no se ha pronunciado sobre si admitirá a trámite el recurso.
Respecto a esta demanda judicial , el Tribunal Superior concluyó el mes pasado que la agencia tributaria danesa no había logrado probar su caso de que Shah y su fondo de cobertura con sede en el Reino Unido, Solo Capital, habían defraudado a Dinamarca por aproximadamente 1.400 millones de libras esterlinas a través de un esquema de reembolso de impuestos sobre dividendos.
El escándalo del «cum-ex» afectó a varios países europeos, y se dice que sus gobiernos fueron engañados para devolver miles de millones de euros en impuestos sobre dividendos que nunca se habían pagado. Entre estos países se encuentran Dinamarca, Alemania, Italia y Francia .
Los tribunales ingleses reconocieron que este caso londinense es uno de los más complejos y valiosos de la historia. Para ilustrarlo, diversas fuentes destacaron que el juicio principal, que concluyó en abril, contó con 26 abogados y duró 138 días. Cabe destacar que tan solo los alegatos finales escritos sumaban aproximadamente 5350 páginas.
Mientras tanto, la agencia argumentó que Shah y altos ejecutivos de su fondo de inversión los engañaron para que realizaran pagos mediante operaciones «cum-ex». Sin embargo, el juez Andrew Baker reconoció que, si bien algunos acusados, como Shah, actuaron de manera poco ética de diversas formas, la autoridad finalmente no logró probar su caso.
Tras considerar varios factores, el juez que lleva este litigio “cum-ex” señaló que la autoridad danesa empleó métodos muy débiles, prácticamente inexistentes, para revisar y tramitar las solicitudes de devolución de impuestos sobre dividendos.
Según consta en los documentos judiciales, se ha ordenado a la autoridad que cubra una parte significativa de los gastos legales de los acusados, los cuales serán analizados minuciosamente.
En cuanto al avance del caso, fuentes cercanas a la situación mencionaron que los acusados Shah tendrían derecho a recuperar el 85% de sus costos desde el 1 de septiembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2025. Además, los documentos judiciales indicaron que recibirán un reembolso completo por cualquier costo incurrido fuera de este período.
Cuando los periodistas contactaron a un representante del bufete de abogados Meaby & Co., que representa a Shah, para obtener comentarios, el portavoz se negó a responder.
Mientras tanto, entre los demás acusados que pueden reclamar sus gastos se encuentra Jas Bains, exjefe del departamento legal de Solo. Bains desestimó los cargos presentados por la autoridad. Afirmó sentirse aliviado cuando el tribunal falló a su favor, declarándolo inocente. Al reflexionar sobre la larga batalla legal, expresó su descontento con el impacto que tuvo en su vida.
Según el Sr. Bains, los costos del caso demuestran el daño que puede causarse cuando se deja que los burócratas emprendan acciones legales mal concebidas. Añadió que la decisión de la autoridad carecía de lógica comercial y equidad.
En una audiencia celebrada el mes pasado, el juez declaró: “Según las cifras que he recibido… los costes totales estimados para ambas partes en este caso parecen rondar los 400 millones de libras esterlinas”. En aquel momento, la autoridad tributaria danesa estaba representada por 13 abogados, entre ellos 3 Consejeros del Rey (KC) y abogados del bufete Pinsent Masons.
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