Brasil toma medidas para proteger a sus exportadores de los aranceles de EE.UU.
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El gobierno brasileño anunció este miércoles un amplio plan de apoyo para ayudar a los exportadores afectados por el arancel del 50% impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump a varios productos brasileños. El programa, denominado "Brasil Soberano", incluye 30.000 millones de reales (5.500 millones de dólares) en créditos y otras medidas para mitigar el impacto.
Horas después, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció más sanciones contra funcionarios brasileños, lo que, según Associated Press, evidencia el aumento de las tensiones entre ambos países.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva presentó la iniciativa como un primer paso para asistir a los exportadores afectados, con una propuesta legislativa que será enviada al Congreso para su aprobación. Asistieron al evento en Brasilia legisladores de distintas fuerzas políticas, en un inusual acto de unidad que analistas interpretaron como una respuesta cohesionada a las medidas comerciales estadounidenses.
El plan posterga obligaciones fiscales para empresas perjudicadas por los aranceles, asigna 5.000 millones de reales (930 millones de dólares) en créditos fiscales para pymes hasta 2026, amplía seguros para pedidos cancelados y ordena a instituciones públicas comprar productos que ya no pueden exportarse a EE.UU.
También extiende por un año los beneficios del régimen "drawback", que permite importar insumos sin impuestos si se usan para fabricar bienes exportables.
Lula tilda de "desagradable" la medida de EE.UU.
"No podemos asustarnos ni ponernos nerviosos ante las crisis. Las crisis son para innovar", dijo Lula, calificando la decisión estadounidense de "desagradable" y afirmando que las justificaciones de las sanciones "no existen".
Trump vinculó los aranceles al proceso judicial contra su aliado político, el expresidente Jair Bolsonaro, actualmente bajo arresto domiciliario. Lula acusó a Washington de instrumentalizar políticamente los derechos humanos y anunció que Brasil buscará nuevos mercados para sus productos.
Trump repitió el argumento de los partidarios de Bolsonaro de que el juicio por supuestamente intentar anular las elecciones de 2022 viola el debido proceso y tiene motivaciones políticas.
Lula respondió que el Poder Judicial brasileño actúa con independencia y que los ministros del Supremo Tribunal Federal han reafirmado públicamente que no cederán a presiones. Se espera que el veredicto contra Bolsonaro se dicte entre septiembre y octubre.
A principios de mes, el juez Alexandre de Moraes —quien preside el caso— fue sancionado bajo la Ley Magnitsky de EE.UU., que apunta a violadores de derechos humanos. De Moraes afirmó que todos los acusados tuvieron garantías procesales y prometió continuar su trabajo pese a las sanciones.
Poco después del discurso de Lula, Rubio anunció restricciones de visados para funcionarios cubanos y de otros gobiernos vinculados a lo que llamó "programa de exportación laboral explotadora" de Cuba. Criticó especialmente el programa brasileño "Mais Médicos" (2013), que llevó a miles de profesionales cubanos a zonas remotas del país.
Rubio lo tildó de "estafa diplomática", mientras el gobierno brasileño destacó que actualmente trabajan 25.000 médicos en el programa, sin precisar cuántos son cubanos.
Pese a las tensiones, Lula descartó aplicar inmediatamente la ley de reciprocidad para subir aranceles a productos estadounidenses: "Nos gusta negociar, no queremos conflicto. Solo exigimos que nuestra soberanía sea intocable".
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, afirmó que Brasil "está siendo sancionado por ser más democrático que su agresor".
La disputa diplomática no da señales de enfriamiento, con ambos países intercambiando medidas y acusaciones mientras los exportadores brasileños aguardan por los efectos del nuevo plan.
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