Activistas por la privacidad advierten que los cambios propuestos por la UE en materia de privacidad otorgan a las grandes tecnológicas libertad para explotar los datos.

Los críticos de la última reforma legal de la UE afirman que Bruselas está navegando al límite en materia de derechos de datos, y posiblemente cruzando una línea que Europa consideraba roja.

Durante años, los funcionarios de la UE se enorgullecieron de sus amplias protecciones de privacidad; se consideraban la máxima autoridad moral del bloque, y se les aseguró a los ciudadanos que su vida privada no se negociaría en aras de la conveniencia o la novedad. Esos tiempos podrían estar llegando a su fin.

La Comisión argumenta que el objetivo es la simplificación, reduciendo la maraña de nuevas normas que han aparecido en rápida sucesión. Sin embargo, los activistas que han leído la letra pequeña afirman que la realidad es mucho más compleja.

Las grandes tecnológicas han acusado a las leyes de la UE de ser contrarias a la innovación.

Según las propuestas, las principales plataformas podrían estar autorizadas a recopilar información personal y utilizarla para de inteligencia artificial basándose en un “interés legítimo”.

De mantenerse esta postura, supondría un cambio radical respecto a la interpretación actual de la ley, que exige el consentimiento explícito para muchas categorías de información sensible. Los grupos que llevan años luchando en Bruselas son ahora los que dan la voz de alarma. La organización austriaca NOYB afirmó que este conjunto de revisiones equivale a una muerte lenta y dolorosa.

Max Schrems, el activista cuyas demandas legales ayudaron a convertir el RGPD en un símbolo mundial, lo calificó de “una degradación masiva de la privacidad de los europeos”.

Un segundo conjunto de enmiendas se refiere al régimen de cookies , las mismas normas que convirtieron internet en un laberinto de ventanas emergentes. Según el borrador, toda la legislación podría integrarse en el RGPD, y el acceso a teléfonos, ordenadores portátiles o dispositivos conectados podría basarse en permisos flexibles, como la necesidad de una empresa de detectar fraudes o medir la audiencia.

Itxaso Domínguez de Olazábal, de la red europea de Derechos Digitales, afirmó que esto cambiaría la forma en que Europa protege los espacios privados dentro de los dispositivos personales.

Esto no ocurre en el vacío; el gobierno estadounidense ha acusado a la legislación de la UE de ser contraria a la innovación, y varias empresas, como Meta, se han visto perjudicadas por su aplicación. Las grandes tecnológicas han ejercido presión en todo el continente para suavizar la Ley de Inteligencia Artificial, argumentando que las herramientas de rápido desarrollo no pueden sobrevivir dentro de una burocracia lenta y enrevesada.

La Comisión insiste en que no renuncia a sus principios, sino que simplemente elimina trámites innecesarios. Habrá una presentación el 19 de noviembre, aunque el documento aún podría sufrir modificaciones. Una clara señal de la nueva orientación es la propuesta de que las empresas que utilicen inteligencia artificial únicamente para tareas internas y específicas no tendrán que registrar sus sistemas en una base de datos de la UE para IA de alto riesgo.

Otra medida consiste en un período de gracia de un año para las multas por deepfakes y medios sintéticos; los proveedores tendrían más tiempo antes de tener que etiquetar permanentemente su contenido como generado por máquina.

La UE quiere parecer flexible.

La Comisión ha tomado una medida similar recientemente en materia de derecho medioambiental: los requisitos climáticos que hace tan solo unos meses se consideraban esenciales se han flexibilizado, y las empresas han acogido con satisfacción esta marcha atrás. Los críticos afirman que la intimidación a la industria está dando resultado.

La clase política europea está preocupada por la posible caída de las inversiones y busca la manera de mostrarse flexible. Los partidarios de la ley de IA admiten en privado que les preocupa más quedarse rezagados respecto a Estados Unidos y China que cuando redactaron el texto por primera vez. Estas fuerzas influyen en todos los debates regulatorios actuales.

La cuestión ahora es si los Estados miembros y el Parlamento aceptarán este giro, ya que muchos en Bruselas saben que el simbolismo es peligroso. Si Europa debilita la bandera de la privacidad que ha ondeado durante una década, la historia del RGPD podría no terminar como el continente imaginaba: un faro de valores, imitado por otros.

En cambio, podría convertirse en otro ejemplo de grandilocuencia que no pudo sobrevivir al calor del poder comercial.

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