La policía española detuvo al influencer de criptomonedas Álvaro Romillo, creador de Madeira Invest Club (MIC), por una presunta estafa piramidal de 300 millones de dólares que engañó a cientos de inversores. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ordenó su detención preventiva tras descubrir una cuenta secreta en Singapur con 29 millones de euros (33,5 millones de dólares) vinculada a la estafa.
Según Cadena SER, medio de comunicación nacional, Romillo fue detenido el jueves ante el temor de la fiscalía a que se fugara del país. El juez José Luis Calama declaró que Romillo podría ser condenado a 9 años de prisión, e incluso hasta 18 años si se considera que el fraude constituye un delito de gran magnitud.
A finales de 2024, las autoridades españolas iniciaron una investigación sobre MIC y, en octubre de ese mismo año, presentaron tres denuncias. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) cree que MIC, la empresa de Romillo, presuntamente operaba un esquema Ponzi que estafó a 3.000 personas por un total de 260 millones de euros (aproximadamente 300 millones de dólares).
Según Zaballos Abogados, un bufete español, Romillo ha colaborado con las fuerzas del orden durante el último año asistiendo a procedimientos judiciales. También les ha ayudado a recuperar bienes, entre ellos vehículos de alta gama.
Zalaballos Abogados informó que la Policía Nacional y la Fiscalía de la Corte Nacional incautaron un total de veinticuatro vehículos de lujo registrados a nombre de una de las empresas. Las autoridades también incautaron otros tres vehículos de lujo registrados a nombre de otra empresa perteneciente a la red del MIC. Cada vehículo era identificable de forma única dent su número de chasis y matrícula.
El bufete de abogados español declaró que entre los vehículos se encontraban un Mercedes-Benz S650 Maybach, un Ferrari Testarossa, un Ferrari 430 Scuderia, un Ferrari 365 GTC4, un Ferrari F131, varios Jaguars, numerosos Porsches, BMWs, un Ford Mustang y otros automóviles distintivos de significativo valor económico.
MIC exigía depósitos (un mínimo de 2.000 € por inversor) con garantías de recompra y rentabilidades fijas muy elevadas, en torno al 20% anual. Estos depósitos permitieron a MIC adquirirtracde «obras de arte» digitales y participaciones en bienes de lujo, como yates, Ferraris y oro.
Durante su comparecencia ante el tribunal el viernes, Romillo declaró que planeaba reembolsar a los inversores e incluso había enviado dinero de vuelta a 2.700 personas; sin embargo, lo hizo en cash y afirmó que no tenía forma de justificar los pagos.
La Audiencia Nacional tiene abierto un caso contra CryptoSpain por presuntamente operar un esquema piramidal .
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria presentaron un informe al juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, destacando la existencia de indicios sólidos y racionales de criminalidad cometida por Romillo.
El informe de la UCO detalló que el año pasado, Romillo reconoció haber utilizado un pago cash clandestino de 100.000 euros (115.000 dólares) para apoyar la campaña electoral de 2024 del eurodiputado español de extrema derecha Luis “Alvise” Pérez, líder del partido SALF.
Pérez está siendo investigado en un caso separado de la investigación más amplia del MIC.
Según un informe de Euro News, Romillo habría entregado el dinero en efectivo a Pérez el 27 de mayo, pocos días antes de las elecciones europeas. El informe también indica que Pérez habría contactado con Romillo en marzo para configurar una cartera digital que le permitiera recibir fondos de forma anónima y cifrada.
Pérez reconoció en Telegram haber recibido el dinero “como autónomo sin factura”, por lo que fue multado con el 25% del total.
Según el informe, Pérez afirmó que Romillo acordó con la fiscalía evitar la prisión preventiva por fraude acusando al eurodiputado de aceptar dinero para financiar su campaña electoral. Además, Romillo aportó documentación que demostraba la comunicación continua entre ambos. Afirmó que Pérez le informó de que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros para iniciar su campaña para Bruselas.
Según la normativa española sobre financiación de partidos políticos, las donaciones superiores a 25.000 euros deben declararse ante el Tribunal de Cuentas, y las donaciones superiores a 50.000 euros anuales están prohibidas.
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