Según se informa, Rachel Reeves, en su calidad de Ministra de Hacienda, está intentando recaudar fondos adicionales para el Presupuesto mediante la reducción de las contribuciones a las pensiones de los empleados.
Se espera que Reeves centre su atención en las ventajas fiscales de las contribuciones a las pensiones en los Presupuestos Generales del Estado, limitando las desgravaciones tanto para empleadores como para empleados con el fin de ayudar a aumentar los ingresos del Tesoro en 2.000 millones de libras (2.600 millones de dólares) al año.
Sin embargo, existe la preocupación de que esta política penalice injustamente a quienes ahorran responsablemente para su jubilación y que también pueda perjudicar los planes de pensiones de las empresas.
Reeves había comunicado a la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria su intención de aumentar el impuesto sobre la renta cuando presente los Presupuestos Generales del Estado el 26 de noviembre. Según los informes, Reeves contempla un aumento del 2% en el impuesto sobre la renta junto con una reducción del 2% en las cotizaciones a la Seguridad Social, incumpliendo así el compromiso del Partido Laborista en su programa electoral.
Según fuentes internas, Reeves ha optado por no reducir los retiros exentos de impuestos de las sumas globales de pensiones, ante la preocupación de que esto perjudique a los pensionistas. Los jubilados podrán seguir retirando hasta el 25% de su pensión —con un límite de 268.275 libras— libre de impuestos. Sin embargo, está centrando su atención en los planes de aportación salarial para intentar paliar el déficit de financiación de 30.000 millones de libras .
Esta semana, la vicesecretaria general del Partido Laborista, Lucy Powell, advirtió que si el ministro de Hacienda incumple la promesa del partido sobre el impuesto sobre la renta, podría minar la confianza de los votantes. Sin embargo, algunos economistas sostienen que la combinación de cambios en las políticas, el aumento de la deuda y el lento crecimiento económico no le dejan a Reeves más remedio que subir los impuestos o abandonar sus objetivos de endeudamiento estrella.
Hasta ahora, las autoridades consideran que recortar las desgravaciones fiscales de las pensiones es una de las maneras más fáciles de aumentar los ingresos. Actualmente, el sistema de aportaciones voluntarias permite a los trabajadores destinar cualquier cantidad a sus pensiones antes de que se apliquen las cotizaciones a la Seguridad Social, y estas se deducen de la nómina antes de impuestos.
Se prevé que Reeves limite esta cantidad a 2000 libras esterlinas anuales en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Las aportaciones a planes de pensiones que superen las 2000 libras esterlinas (2681 dólares) estarán sujetas a la Seguridad Social del 8 % para salarios inferiores a 50 000 libras esterlinas (aproximadamente 65 795 dólares) y del 2 % para ingresos superiores a dicho umbral. Los trabajadores que recurren a la reducción salarial para invertir más de 2000 libras esterlinas en sus planes de pensiones se verán afectados, a pesar de que se recomienda destinar el 15 % de su salario al ahorro para la jubilación.
Para un trabajador con un salario base de 50.270 libras esterlinas, ahorrar el 6% de su sueldo aumentaría sus cotizaciones a la Seguridad Social en 80 libras esterlinas anuales, mientras que ahorrar 5.000 libras esterlinas (el 10%) supondría un aumento de 240 libras esterlinas (315 dólares). Los expertos advierten que muchos trabajadores se verían doblemente perjudicados, ya que los empleadores también perderían la desgravación fiscal sobre las cotizaciones a los planes de pensiones. Actualmente, los empleadores están totalmente exentos de la cotización del 15% a la Seguridad Social sobre las cotizaciones a los planes de pensiones mediante la reducción salarial. Reeves planea limitar esta exención, lo que aumentaría el coste para un empleado con un salario de 50.270 libras esterlinas que ahorrara el 10% de su sueldo en 450 libras esterlinas (592 dólares) al año.
Steve Webb, socio de la consultora de pensiones LCP, se opone a la reducción de las desgravaciones fiscales. Comentó: «Los planes de aportaciones salariales flexibles existen desde hace mucho tiempo y son una forma de incentivar a las empresas a ofrecer buenas pensiones de empresa. Introducir un límite aumentaría las cotizaciones a la Seguridad Social, principalmente para las empresas, y perjudicaría precisamente a aquellas que están actuando correctamente».
Advirtió que establecer un tope podría generar temores de que las prestaciones de pensiones estén en peligro de ser recortadas, lo que podría allanar el camino para la eventual eliminación de los beneficios de las pensiones, en un momento en que se necesita una mayor participación en materia de pensiones.
Steve Hitchiner, presidente del grupo fiscal de la Sociedad de Profesionales de Pensiones, afirmó que es probable que estos cambios obliguen a las empresas a reducir la generosidad de sus planes de pensiones para compensar el aumento de impuestos.
Explicó que la reforma encarecería los planes de pensiones con aportaciones flexibles para los empleadores, debido al 15% de cotización a la Seguridad Social aplicable a las contribuciones de los empleados. Al igual que Webb, también señaló que los empleadores podrían repercutir el coste adicional en el personal mediante menores cotizaciones a la pensión o aumentos salariales más bajos.
Algunas empresas también han expresado su opinión al respecto. Una compañía afirmó que tendría que explicar a sus empleados por qué sus nóminas variarían a pesar de la estabilidad de sus ingresos anteriores, mientras que otra acusó al gobierno de intentar recaudar fondos de forma encubierta. Algunas empresas incluso sugirieron que, si el impacto es significativo, podrían poner fin a sus programas de retribución flexible.
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