Los debates sobre la Ley Básica de Activos Digitales integral de Corea del Sur se han extendido hasta 2026 sin que se vislumbre un final mientras los reguladores continúan enfrentándose sobre quién debería controlar la emisión de monedas estables y hasta qué punto deberían regularse los principales intercambios de criptomonedas.
Lee Eog-weon, presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC), prometió que la segunda fase de la legislación sobre activos virtuales estaría lista para finales del año pasado. Sin embargo, las discrepancias entre la FSC, el Banco de Corea, los participantes del sector y los partidos políticos han postergado su implementación hasta el nuevo año, sin un plazo claro para su resolución.
El Banco de Corea también quiere que la emisión de monedas estables vinculadas al won esté dominada por los bancos, y el gobernador Rhee Chang-yong afirmó que la estructura ayudará a prevenir complicaciones y riesgos en la política monetaria.
La FSC no comparte la misma posición con el Banco de Corea en este asunto, ya que pide un sistema de autorización más inclusivo que permita a las empresas fintech y otras entidades aprobadas participar en el mercado de stablecoin.
Los grupos del sector exigen una mayor participación de las fintechs, afirmando que un control bancario excesivo tendrá el efecto adverso de frenar la innovación. Afirman que esto, a su vez, afectará la capacidad de Corea del Sur para competir a nivel internacional a medida que avanzan los sistemas globales de pagos digitales.
La legislación propuesta exigiría a los emisores de monedas estables mantener reservas superiores al 100 % de su oferta en circulación. Estas reservas se mantendrán exclusivamente en depósitos bancarios o bonos del Estado y no deberán formar parte del balance del emisor.
El proyecto también introduce una responsabilidad sin culpa para los operadores de activos digitales, haciéndolos responsables de las pérdidas de los usuarios incluso cuando no haya pruebas de negligencia.
Otra propuesta que está siendo impugnada establecería un límite del 15% al 20% para las acciones individuales con derecho a voto en las principales bolsas.
La FSC sostiene que la propiedad concentrada permite a los fundadores ejercer un control excesivo y obtener ganancias desproporcionadas de las tarifas de transacción.
Las restricciones significarán que aquellos que posean participaciones significativas en las empresas afectadas que superen el 20% podrían tener que deshacerse de algunas de sus participaciones.
de la industria advierten que las limitaciones podrían violar los derechos de propiedad, desestabilizar las estructuras de gestión y disuadir la inversión en un momento en que las bolsas de Corea del Sur se enfrentan a una mayor competencia.
El estancamiento legislativo ha bloqueado el progreso en iniciativas relacionadas.
Los planes para lanzar fondos cotizados en bolsa (ETF) Bitcoin al contado, anunciados como parte de la estrategia de crecimiento económico del gobierno para 2026, no pueden avanzar sin que los activos digitales sean reconocidos como valores subyacentes según la ley de segunda fase. Korea Exchange se ha declarado lista para listar y negociar ETF de criptomonedas, pero la incertidumbre regulatoria continúa retrasando su concreción.
Un programa piloto que permitía a aproximadamente 3.500 empresas realizar transacciones con activos virtuales, inicialmente previsto para el segundo semestre del año pasado, también se ha estancado. Las autoridades financieras afirman que solo considerarán el acceso corporativo tras la implementación del marco legislativo más amplio.
Estos retrasos se producen a medida que otras jurisdicciones avanzan. Estados Unidos aprobó los ETF Bitcoin al contado en enero de 2024 y aprobó la Ley GENIUS, su legislación sobre monedas estables, en 2025. Hong Kong promulgó la legislación sobre monedas estables en agosto de 2025, mientras que Japón lanzó su primera moneda estable respaldada por yenes en octubre.
El Partido del Poder Popular planea presentar un proyecto de ley separado de segunda fase a través de un comité especial, lo que sugiere que todas las deliberaciones de la Asamblea Nacional solo comenzarán una vez que se presente esa legislación.
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