El DOJ de EE. UU. acusa a 12 sospechosos por un robo de criptomonedas de 263 millones de dólares, exponiendo una pista de cibercrimen que apunta a billeteras de grandes tenedores, intercambios y la arquitectura de seguridad de blockchain.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 12 individuos en una amplia acusación criminal que alega una conspiración de extorsión en varios estados que involucra más de 263 millones de dólares en criptomonedas robadas.
El comunicado de prensa oficial del DOJ del jueves detalla un elaborado patrón de crimen organizado en criptomonedas, que involucra fraude digital y robo físico.
Según los fiscales, el grupo hackeó sistemáticamente bases de datos de criptomonedas para recopilar datos privados de usuarios. Una vez dentro, supuestamente utilizaron tácticas de ingeniería social como hacerse pasar por bancos e intercambios para eludir la seguridad y acceder a las billeteras.
En algunos casos, supuestamente llegaron a asaltar las casas de las víctimas para recuperar frases de recuperación y billeteras de hardware.
Los cargos incluyen fraude electrónico, robo de identidad, blanqueo de dinero y conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO), una herramienta legal tradicionalmente utilizada contra sindicatos del crimen organizado.
Después de robar los fondos, el grupo supuestamente utilizó mezcladores de criptomonedas, protocolos descentralizados e intercambios offshore para blanquear los ingresos, dificultando los esfuerzos de rastreo.
La operación abarcó varios estados de EE. UU., con el DOJ destacando que es un caso que "refleja la convergencia del cibercrimen y el robo organizado tradicional".
Los documentos judiciales también revelan que las víctimas fueron seleccionadas de bases de datos de intercambios filtradas y atacadas utilizando intercambio de SIM, phishing y canales de soporte falsificados. Esto permitió a los perpetradores restablecer las credenciales de autenticación y drenar rápidamente las billeteras.
El DOJ afirma que este caso establece un precedente para abordar las empresas criminales de la era blockchain, y enfatizó su colaboración con socios internacionales y empresas forenses en el rastreo y recuperación de fondos robados.
Con los cargos presentados, el caso ahora procederá a juicio, donde pueden surgir más detalles sobre las redes de blanqueo internacionales y las vulnerabilidades tecnológicas.
También plantea preguntas urgentes sobre los estándares de KYC en criptomonedas, filtraciones de datos y seguridad a nivel de billetera, especialmente a medida que crece la adopción institucional.